La investigación por uno de los hechos más relevantes de los últimos tiempos ingresó a la etapa final. El juez federal Daniel Bejas procesó a los ocho acusados por el secuestro de Margarita Toro, ocurrido en abril de 2018. Entre ellos aparecen los máximos referentes de “La Inimitable”, la facción más poderosa de la hinchada de Atlético e integrantes de los clanes Robles y Acevedo.
“La Jefa”, como llaman a la líder del clan Toro -que, según se sospecha, estaría relacionado con el narcumenudeo, y que fue condenada por causas vinculadas a la comercialización de drogas, fue secuestrada por un grupo de personas armadas el 24 de abril cuando se disponía a salir de su casa del barrio 130 Viviendas de Villa 9 de Julio. Fue llevada en su propia camioneta a un lugar en las inmediaciones de El Cadillal, donde fue amenazada y golpeadas. Desde ahí, los captores hicieron pedidos extorsivos, por teléfono, según se demostró en la causa, que fie investigada por el fiscal federal Pablo Camuña, .
De acuerdo a la información oficial, los familiares de la víctima pagaron un rescate y Toro fue liberada horas después cerca del lugar donde la mantuvieron cautiva.
Nunca se informó oficialmente el monto de dinero que se entregó. En un principio, fuentes policiales hablaron de $500.000, pero allegados a la secuestrada dijeron que podría haber sido al menos tres veces más de lo que se había hablado.
El secuestro de “La Jefa” generó máxima tensión en Villa 9 de Julio. Horas después de haber sido liberada, Omar Maximiliano “Maxi Toro” Martínez, sobrino de la víctima, le envió un audio por WhastApp a un miembro del clan Acevedo -acusados del secuestro- anunciando que atacarían todas sus propiedades. “Con ‘La Patrona’ nadie se mete”, fue el mensaje que grabó el joven que, después de haber permanecido varios meses prófugo, fue detenido hace unos días por la Policía por haber protonizado un tiroteo que quedó registrado en un video.
Niegan todo
Los referentes de la familia Acevedo negaron la acusación, aunque reconocieron que tenían un problema con los Toro por el robo de una moto de competición, producido días antes de que se concretara el secuestro. También descartaron que el incidente se haya originado por una disputa por el dominio de las tribunas de 25 de Mayo y Chile.
Al tratarse de un delito de órbita de la justicia federal, la investigación del hecho fue desarrollada por la División Operativa Central de la Policía Federal, bajo la dirección del fiscal Camuña, quien tomó intervención mientras el hecho se estaba produciendo y ordenó las medidas urgentes, entre ellas intervenciones telefónicas.
Estas se extendieron hasta fecha reciente y, junto a otras acciones, permitieron información para el esclarecimiento del hecho y la determinación de los autores y los partícipes.
En noviembre pasado se produjeron 17 allanamientos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán y de la localidad de El Cadillal.
Más de un centenar de efectivos de la PFA, coordinados por la División Operativa Central y con apoyo de la Agencia Regional Tucumán, fueron desplegados para dar cumplimiento con las medidas, que incluyeron varios procedimientos en el barrio “El Sifón”.
En el operativo fueron detenidos varios de los imputados, mientras que luego algunos de ellos (salvo dos que se encuentran prófugos) se presentaron espontáneamente en los tribunales federales.
La decisión del juez
La resolución del 1 de febrero pasado dispone el procesamiento de Víctor Ariel “Pipa” y Hugo Eduardo “Barza” Robles (referentes del clan Robles), Héctor Gustavo “El Gordo” y Esteban Abel “Vaquita” González (el líder de La Inimitable y su hijo, que lo secundaba en la barra de Atlético), Andrés Marcelino “Mudo Andrés” Zelaya, Cristian Guillermo “Oreja” Lobo, Cristian Fabián “Gordo Cristian” Venturelli (sería familiar del ex delegaco comunal de El Cadillal) y Mauro Rubén “Pilo” Benítez. Hubo otro acusado que no fue procesado por ser menor de edad.
El delito por el que fueron procesados (en diversos grados de participación) fue el de secuestro extorsivo consumado y agravado por la participación de tres o más personas, además de otros delitos cometidos en el contexto del secuestro de Toro.
Se dispuso además la continuidad de la prisión preventiva para todos ellos y el embargo preventivo sobre sus bienes por montos entre $100.000 y $300.000. Por el primero de los ilícitos, que es el más grave, el Código Penal prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión.
Las defensas de los imputados apelaron la resolución del juez, por lo que el expediente está pronto a ser radicado en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
También estarían haciendo gestiones para que los imputados sean trasladados al Penal Federal de Pintos, Santiago del Estero. Actualmente están alojado en la División Drogas Peligrosas Tucumán, en el corazón de Barrio Norte.